Moción:
La siguiente moción del Grupo Municipal Popular adhiriéndose al comunicado conjunto de diversas Comunidades Autónomas relativo a mejoras en el acceso a la vivienda, es presentada por su Sr. Portavoz y Teniente de Alcalde Delegado de Presidencia y Relaciones Institucionales, D. Jorge Saavedra Requena, y cuenta con el siguiente tenor literal:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Numerosas Comunidades Autónomas, entre las que se encuentra Andalucía, Galicia, Cantabria, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León , Ceuta y Melilla, han decidido firmar un comunicado conjunto con el fin de favorecer el acceso a la vivienda, dada la problemática existente en la actualidad, que ha sido agravada por la Ley por el Derecho a la Vivienda (Ley 12/2023, de 24 de mayo). Desde el Grupo Popular venimos a plantear la adhesión a dicho comunicado por parte del Ayuntamiento de Granada, teniendo en cuenta los graves problemas de acceso a la vivienda y los problema de ocupación existentes también en nuestra ciudad. Dicho comunicado conjunto se plantea en los siguientes términos:
‘La vivienda se ha convertido en uno de los mayores problemas de los ciudadanos como consecuencia de la nefasta política del Gobierno. En estos seis años de Pedro Sánchez como presidente, la vivienda ha pasado de ser el decimosexto problema que más preocupa a los españoles a convertirse en el segundo.
Con el Gobierno de Sánchez, los alquileres se han vuelto prohibitivos. Ya son para muchos ciudadanos un bien de lujo en lugar de ser uno de primera necesidad. Es más, entre junio de 2018 y abril de 2024, el precio de los alquileres se ha incrementado un 32%. Y desde la entrada en vigor de la Ley por el derecho a la Vivienda, en mayo de 2023, el aumento ha sido de casi un 13%.
Otro de los grandes problemas en estos años es el que se ha generado con la llamada ocupación, que se cifra en 78.800 viviendas en el conjunto de España; es decir, una cifra equiparable a ciudades como Toledo o Guadalajara. A este grave problema se añade el fenómeno de la inquiocupación, que ha crecido de manera alarmante en los últimos meses.
En la campaña electoral de 2023, Sánchez anunció la construcción de 183.000 viviendas, que nadie sabe todavía dónde están. En materia de vivienda, ha conseguido estrangular el mercado. La carencia absoluta de medidas para combatir la situación inmobiliaria es su único legado.
Los ciudadanos que residen en España se enfrentan, por tanto, a un enorme reto social de acceso a una vivienda a precio asequible, tanto en compraventa como en alquiler. Diariamente se conocen datos que evidencian que se trata de un problema creciente, que está alcanzando magnitudes de drama social, que afecta no solo a las familias humildes, sino también, y muy especialmente, a los jóvenes y a las clases medias.
Los poderes públicos, cada uno en el ámbito de sus competencias, tenemos la obligación inexcusable de establecer las medidas necesarias para atajar el problema cuanto antes y promover soluciones eficaces para garantizar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda asequible, en cumplimiento del artículo 47 de la Constitución española.
En base a todo lo anterior, los firmantes manifiestan:
1- Que el Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos, fomentando la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. No hacerlo así supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y legal (empezando por el art. 31.2 de la Constitución y de otras leyes que desarrollan este principio), y de las buenas prácticas de la gestión de los fondos estatales y comunitarios.
2- Por este motivo, las comunidades autónomas firmantes manifestamos nuestro rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de España de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda utilizando los recursos económicos de todos los españoles
3- Rechazamos igualmente el procedimiento anunciado para hacerlo, mediante un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político, de una ideología concreta.
4- Reafirmamos que es una decisión potestativa, y por tanto legal, de las comunidades autónomas NO declarar en sus territorios Zonas de Mercado Tensionado y, por tanto, NO intervenir los precios de los alquileres. Esas medidas solo sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios. Las comunidades autónomas cumplimos la ley, como no puede ser de otra manera.
5- Por ello, no toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de retirar los fondos a las comunidades autonómicas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el derecho a la Vivienda, que se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos.
6- Reclamamos al Gobierno que dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos que permitan solucionar un problema que ya es acuciante para una mayoría de la población española, abandonando la unilateralidad que presiden sus políticas en general, y la de vivienda en particular. Buen ejemplo de ello es la propia Ley estatal o el bono de alquiler joven.
7- Proponemos que la acción política de todos los representantes públicos en esta materia esté guiada por el diálogo, el planteamiento técnico riguroso y la evaluación de las políticas públicas. Las acciones de confrontación, los planteamientos extremistas y la imposición ideológica deben ser eliminados del legítimo debate político en una materia tan delicada para los ciudadanos como es el acceso a una vivienda’.
Por todo ello, el Grupo Popular propone para su debate y aprobación, la siguiente:
PROPUESTA DE ACUERDO
PRIMERA.- Que el Ayuntamiento de Granada manifiesta su conformidad con todos y cada uno de los puntos manifestados en el comunicado conjunto firmado por las Comunidades Autónomas tal y como se hace constar en la exposición de motivos de la presente moción.
SEGUNDA.- Dar traslado del presente acuerdo al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, así como a la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía.”
Durante el transcurso del debate se producen las siguientes intervenciones:
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Tras el debate, se procede a la votación de la moción, obteniéndose el siguiente resultado:
-15 votos a favor, emitidos por los 15 Concejales/Concejalas del Grupo Municipal del Partido Popular, Sres./Sras.: Dña. María Francisca Carazo Villalonga, D. Jorge Saavedra Requena, Dña. Ana Isabel Agudo Martínez, D. Enrique Manuel Catalina Carmona, D. Vito Rafael Episcopo Solís, Dña. María Rosario Pallares Rodríguez, D. Juan Ramón Ferreira Siles, D. Jorge Iglesias Puerta, Dña. Amparo Arrabal Martín, Dña. Ana Belén Sánchez Requena, D. Francisco José Almohalla Noguerol, Dña. Encarnación González Fernández, Dña. Carolina Amate Villanueva, D. Fernando Parra Moreno y Dña. Elisa Campoy Soler.
-2 votos en contra, emitidos por las 2 Concejalas del Grupo Municipal VOX, Sras.: Dña. Beatriz Sánchez Agustino y Dña. Mónica del Carmen Rodríguez Gallego.
En consecuencia, el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerda por mayoría (15 votos a favor y 2 votos en contra), aprobar la Moción presentada por el Grupo Municipal Popular adhiriéndose al comunicado conjunto de diversas Comunidades Autónomas relativo a mejoras en el acceso a la vivienda, cuyo texto ha sido reproducido de forma íntegra al comienzo del presente acuerdo.
